El 2 de septiembre de 2024, el gobierno de Nicaragua presentó su informe ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En este documento, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende mostrar un país en progreso, con políticas públicas exitosas y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, este informe es una distorsión evidente de la realidad que viven los nicaragüenses. En este comunicado, desglosamos y desmentimos las afirmaciones clave del informe, contrastándolas con datos verificables de medios independientes, organismos internacionales y estudios académicos.
La Falsa Narrativa de Paz y Estabilidad
Lo que dice el gobierno: El informe del gobierno sostiene que Nicaragua ha logrado mantener la paz y la estabilidad, promoviendo los derechos humanos y consolidando las garantías constitucionales. Mencionan avances significativos desde 2018 y destacan el “bien común” como un principio rector de sus políticas públicas.
La realidad: El supuesto ambiente de paz que promueve el gobierno oculta una represión sistemática y represiva.
Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la represión de las protestas en 2018 dejó más de 355 personas asesinadas, y muchas más heridas. La CIDH también ha documentado torturas en centros de detención clandestinos, lo que contrasta con las afirmaciones de paz y estabilidad mencionadas en el informe. El régimen ha convertido a Nicaragua en una inmensa cárcel para la ciudadanía nicaragüense, donde la disidencia es aplastada, reprimida, asesinada o encarcelada.
Un informe de Amnistía Internacional describe el uso sistemático de fuerzas paramilitares para atacar a manifestantes pacíficos y la impunidad que han disfrutado estos grupos, que continúan operando bajo el amparo del Estado. El informe también señala la existencia de juicios políticos y detenciones arbitrarias de más de 150 presos políticos hasta 2023, muchos de los cuales han sido sometidos a torturas psicológicas, emocionales y físicas.
Crecimiento Económico: Una Ilusión
Lo que dice el gobierno: El gobierno de Nicaragua sostiene que logró un crecimiento económico del 4.6% en 2023, acompañado de una reducción de la pobreza y un incremento en las oportunidades de empleo. Según el informe presentado ante el Examen Periódico Universal (EPU), estas mejoras serían el resultado de políticas fiscales sólidas, una administración eficiente y el crecimiento de la inversión extranjera directa en diversos sectores económicos.
La realidad: Aunque el informe del gobierno menciona un supuesto crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la realidad de las condiciones de vida en Nicaragua desmiente esta narrativa. De acuerdo con un análisis detallado del medio independiente Confidencial, el impacto de la represión política y la falta de seguridad jurídica han provocado un deterioro constante de la economía desde 2018. La pobreza extrema ha aumentado significativamente, afectando especialmente a las áreas rurales, donde las tasas de desnutrición y acceso limitado a servicios básicos como agua potable y electricidad siguen siendo alarmantes.
Un informe del Banco Mundial del 2023 subraya que el crecimiento económico reportado por el gobierno no refleja mejoras en la calidad de vida de la población, ya que los ingresos reales han disminuido y el costo de vida se ha disparado. De hecho, la inflación en productos de primera necesidad como alimentos y medicinas ha superado el 7% anual, mientras que el salario promedio apenas ha aumentado, dejando a millones de nicaragüenses en condiciones precarias.
La situación económica es aún más grave cuando se considera la huida masiva de ciudadanos. El informe del Pew Research Center de 2023 reveló que más de 1 millón de nicaragüenses ha abandonado el país desde 2018, buscando refugio principalmente en Costa Rica y Estados Unidos. Solo en 2022, más de 350,000 personas emigraron, en su mayoría jóvenes y trabajadores calificados, lo que agrava la fuga de talento y debilita aún más la capacidad del país para generar empleo y crecimiento sostenible. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), esta cifra incluye a trabajadores calificados, empresarios y profesionales que han sido incapaces de operar en un entorno político y económico hostil.
La inversión extranjera directa también se ha desplomado. Entre 2019 y 2023, la inversión cayó en un 50%, según un estudio del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), principalmente en sectores clave como energía, manufactura y turismo. Multinacionales como Cargill y Aeroméxico han reducido o cerrado sus operaciones en Nicaragua debido a la falta de seguridad jurídica, el riesgo político y la presión fiscal ejercida por el régimen de Ortega. Los inversionistas prefieren dirigir sus capitales a países más seguros y con mayor estabilidad jurídica, lo que deja a Nicaragua excluida de los principales flujos de inversión en la región.
Además, la reciente crisis de los programas de apoyo al emprendedurismo, como «Usura Cero» y «Programa Adelante», que fueron transferidos del MEFCCA al Ministerio de Hacienda, ha afectado a miles de pequeños y medianos productores, quienes ya enfrentan dificultades para acceder a financiamiento. Esto refleja el desmantelamiento de políticas de apoyo económico y el impacto directo en las familias de bajos ingresos.
Finalmente, la desigualdad sigue siendo una de las grandes deudas del gobierno. Las áreas rurales, que dependen mayoritariamente de la agricultura de subsistencia, enfrentan una situación crítica. En departamentos como Jinotega, Matagalpa y la Costa Caribe, el acceso a servicios de salud, educación y agua potable sigue siendo limitado, lo que ha intensificado la brecha entre las áreas urbanas y rurales. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), más del 30% de la población rural de Nicaragua vive en condiciones de inseguridad alimentaria, una realidad que contradice directamente el discurso oficial de progreso y desarrollo.
Derechos de las Mujeres y Violencia de Género
Lo que dice el gobierno: El gobierno de Nicaragua afirma haber logrado avances significativos en igualdad de género, destacando una supuesta alta participación política de las mujeres. En el informe ante el EPU, se enorgullecen de que el país se encuentra entre los primeros a nivel mundial en equidad de género, según el Foro Económico Mundial, destacando la ocupación de altos cargos públicos por parte de mujeres.
La realidad: Si bien el gobierno cita cifras impresionantes en términos de participación política femenina, la verdadera situación de los derechos de las mujeres en Nicaragua está marcada por la violencia de género, el incremento de los feminicidios y la represión sistemática de los movimientos feministas. La narrativa oficial oculta que las cifras de empoderamiento femenino están infladas y que la participación política real de las mujeres está condicionada a la lealtad al régimen de Ortega y Murillo.
Un ejemplo claro de la crisis es el aumento alarmante de feminicidios. Según el Observatorio de Feminicidios de Católicas por el Derecho a Decidir, en 2023 se registraron 69 feminicidios, un incremento del 30% en comparación con años anteriores. Este aumento es constante desde 2018, cuando el régimen comenzó a intensificar la represión contra las voces críticas, incluyendo las de las mujeres activistas. Este incremento ha sido acompañado por la desaparición de políticas efectivas para prevenir y erradicar la violencia de género. Nicaragua ocupa ahora uno de los primeros lugares en América Latina en tasas de feminicidios per cápita.
La represión no solo afecta a las mujeres víctimas de violencia, sino también a las organizaciones feministas. En los últimos años, el gobierno ha cerrado importantes organizaciones que ofrecían apoyo y refugio a mujeres en situaciones vulnerables, como la Red de Mujeres contra la Violencia, que fue desmantelada en 2020 bajo acusaciones de actuar en contra del régimen. Otras ONG, como Mujeres ante la Violencia y El Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), también han sido clausuradas, dejando a miles de mujeres sin apoyo y desprotegidas ante una justicia que no responde a sus necesidades.
Además, el control del gobierno sobre las instituciones públicas ha creado un sistema en el que las cifras de empoderamiento femenino son utilizadas como propaganda política. Si bien es cierto que un alto porcentaje de los cargos públicos están ocupados por mujeres, estas posiciones son ocupadas por leales al partido de Ortega. Las mujeres que no se alinean con las políticas del régimen son excluidas sistemáticamente de los espacios de poder. A modo de ejemplo, en 2021, varias figuras femeninas opositoras fueron encarceladas y acusadas de «traición a la patria» bajo la Ley 1055, que criminaliza cualquier crítica al gobierno.
A nivel de la violencia institucional, las mujeres que intentan denunciar abusos a través de los canales formales son a menudo ignoradas o incluso criminalizadas por las propias instituciones del Estado. La falta de un enfoque de género en la Policía Nacional y el Ministerio Público ha llevado a que muchas denuncias de violencia doméstica o sexual no sean investigadas adecuadamente. Según datos de la organización Urgencia Feminista, más del 50% de las denuncias por violencia de género presentadas entre 2021 y 2023 fueron archivadas sin que se abriera una investigación formal.
Nicaragua ha retrocedido enormemente en la protección de los derechos de las mujeres. En lugar de avanzar hacia una verdadera equidad, el régimen ha usado el «discurso de igualdad» como una pantalla para ganar legitimidad internacional, mientras en el terreno las mujeres enfrentan una crisis humanitaria. Las pocas cifras positivas que se presentan en informes como el del Foro Económico Mundial son engañosas, ya que se basan en una representación política que no refleja la realidad social ni las necesidades urgentes de la mayoría de las mujeres en el país.
Colapso del Sistema de Salud
Lo que dice el gobierno:
El informe del gobierno ante el Examen Periódico Universal (EPU) destaca un supuesto incremento en la atención sanitaria y una mejora en la infraestructura hospitalaria, mencionando la construcción de nuevos hospitales y la expansión de la cobertura de salud en zonas rurales. Según el informe, se han fortalecido los servicios de atención médica y el acceso a medicamentos en todo el país.
La realidad:
La narrativa oficial presentada por el gobierno en torno a los avances en salud oculta una realidad profundamente preocupante. Durante la pandemia de COVID-19, la gestión del sistema de salud fue altamente deficiente y marcada por la opacidad. Médicos independientes, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación han denunciado repetidamente la manipulación de datos sobre contagios y muertes. Según un reportaje de La Prensa, el gobierno ocultó las cifras reales del impacto de la pandemia, sub reportando tanto los casos como los fallecimientos para minimizar la gravedad de la situación. El Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua, una iniciativa independiente, reportó más de 5,000 muertes relacionadas con el virus en 2021, una cifra mucho mayor que la reconocida oficialmente por el Ministerio de Salud.
El régimen de Ortega no solo ignoró los peligros de la pandemia, sino que también atacó a aquellos que intentaron exponer la verdad. Decenas de médicos que advirtieron sobre la falta de recursos y medidas sanitarias fueron despedidos, intimidados o incluso encarcelados. En mayo de 2020, 31 médicos fueron despedidos de hospitales públicos por expresar su preocupación ante la falta de insumos y el manejo gubernamental de la pandemia. Estos despidos se produjeron en un momento en que la población enfrentaba una escasez crítica de mascarillas, ventiladores y medicamentos esenciales
El sistema de salud en Nicaragua está plagado de deficiencias que afectan a millones de personas, especialmente en las zonas rurales. A pesar de las afirmaciones del gobierno sobre mejoras en la infraestructura, los hospitales públicos continúan careciendo de insumos médicos básicos, incluidos medicamentos, equipos de diagnóstico y camas disponibles. En muchos casos, los pacientes deben comprar sus propios medicamentos y suministros médicos para recibir tratamiento, lo que deja a las familias de bajos recursos en una situación desesperada. Según datos de la organización internacional Médicos sin Fronteras, más del 40% de las personas que acuden a hospitales en Nicaragua deben hacer compras adicionales de medicamentos fuera de los centros médicos para recibir atención básica.
La situación es aún más grave en las zonas rurales, donde el acceso a los servicios médicos es limitado o inexistente. En regiones como Jinotega, Nueva Segovia y la Costa Caribe, los centros de salud están mal equipados y muchos pacientes deben viajar largas distancias, a menudo en condiciones peligrosas, para recibir atención básica. Un estudio de la organización local Caminos de Vida indica que en las zonas rurales, el 60% de la población depende de clínicas móviles que visitan las comunidades de manera irregular, dejando a muchas personas sin acceso continuo a tratamientos para enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión
Las promesas de construcción de hospitales y mejoras en la infraestructura han quedado, en gran parte, sin cumplir. Si bien el gobierno ha anunciado la construcción de varios hospitales nuevos, muchos de estos proyectos están incompletos o funcionan con una capacidad limitada. Según el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), la inversión pública en salud ha disminuido en términos reales desde 2018, lo que se refleja en la calidad de los servicios ofrecidos.
El manejo general de la salud pública, particularmente durante la pandemia, ha puesto de manifiesto las serias deficiencias del sistema y la falta de voluntad del gobierno para priorizar la salud de la población. Las políticas de represión contra el personal médico y la falta de transparencia en la información han empeorado aún más la crisis sanitaria que enfrenta Nicaragua.
Censura y Represión de la Libertad de Expresión
Lo que dice el gobierno:
El informe del gobierno ante el Examen Periódico Universal (EPU) sostiene que en Nicaragua se respetan plenamente las libertades de expresión y de organización, y afirma que los medios de comunicación independientes tienen libertad para operar. Además, el gobierno alega que el derecho a protestar es respetado, garantizando un ambiente de libertad para la disidencia política y social.
La realidad:
Desde 2018, Nicaragua ha sido testigo de una represión sistemática y brutal contra la libertad de expresión. El gobierno de Daniel Ortega ha cerrado varios medios de comunicación independientes, ha encarcelado a periodistas críticos y ha utilizado el marco legal para silenciar cualquier forma de disidencia. Los medios que han intentado exponer las violaciones de derechos humanos y las políticas autoritarias del régimen han sido perseguidos y sus instalaciones confiscadas. Dos de los ejemplos más notables son los casos de Confidencial y 100% Noticias, dos de los medios más críticos del gobierno.
En diciembre de 2018, las oficinas de Confidencial fueron asaltadas y ocupadas por la Policía Nacional. Su director, Carlos Fernando Chamorro, un destacado periodista que ha sido una voz crítica del régimen, se vio obligado a exiliarse tras ser objeto de persecución política y amenazas de encarcelamiento. En el caso de 100% Noticias, su director Miguel Mora y la periodista Lucía Pineda Ubau fueron encarcelados por varios meses en 2018, acusados de «terrorismo» y «incitación a la violencia» por su cobertura de las protestas antigubernamentales
El cierre de medios no es solo físico, sino también legal. En 2020, el gobierno de Ortega aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como la «Ley Mordaza». Esta ley criminaliza cualquier contenido que el gobierno considere como «falsas informaciones» o que «incite al odio», con penas de cárcel que van desde los dos hasta los diez años. La ley ha sido utilizada como un arma para controlar la narrativa en las redes sociales y castigar a aquellos que critican al gobierno. Activistas, periodistas, estudiantes y ciudadanos comunes han sido arrestados y procesados bajo esta ley por compartir contenido crítico en plataformas como Facebook, Twitter o WhatsApp. Según datos de Artículo 19, una organización de derechos humanos que monitorea la libertad de expresión, hasta 2023 se han registrado más de 100 casos de personas procesadas bajo esta ley.
El acoso judicial y la intimidación no se detienen ahí. En 2021, el gobierno promulgó la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y personas individuales que reciben fondos del extranjero a registrarse como «agentes extranjeros» y a rendir cuentas periódicamente sobre sus actividades. Esta ley ha sido utilizada para cerrar medios y ONG que son críticos del régimen, incluyendo organizaciones de derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Cualquier organización que no cumpla con los estrictos controles es cerrada y sus líderes son acusados de «traición a la patria».
El panorama para los periodistas independientes es desolador. La organización Reporteros sin Fronteras ubicó a Nicaragua en el puesto 160 de 180 países en su Índice Mundial de Libertad de Prensa de 2023, lo que refleja el hostil ambiente para el ejercicio del periodismo en el país. Muchos periodistas han sido forzados al exilio para evitar ser arrestados, mientras que aquellos que se quedan en el país trabajan bajo constante amenaza de represalias. A finales de 2023, más de 70 periodistas habían abandonado Nicaragua debido a las constantes amenazas y persecuciones.
Las protestas también han sido objeto de una brutal represión. En 2018, cuando estallaron manifestaciones pacíficas contra las reformas del gobierno, el régimen de Ortega respondió con violencia desmedida. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 300 personas murieron durante la represión de estas protestas, mientras que miles fueron heridas o detenidas arbitrariamente. El derecho a la protesta, lejos de ser garantizado, ha sido eliminado en la práctica. Cualquier intento de manifestación es rápidamente sofocado por la Policía Nacional y las fuerzas paramilitares, que operan con impunidad bajo la protección del gobierno. Los líderes estudiantiles y los movimientos sociales que intentan organizar protestas son perseguidos y encarcelados, como ocurrió con figuras como Lesther Alemán y los líderes del Movimiento 19 de Abril.
El gobierno de Nicaragua ha consolidado un sistema de censura total, utilizando leyes represivas y la violencia institucional para silenciar cualquier voz disidente. Los medios independientes, activistas y ciudadanos que intentan ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la protesta son criminalizados y perseguidos, mientras que el régimen de Ortega promueve una narrativa falsa de «respeto a los derechos fundamentales» que no refleja la cruda realidad del país.
Conclusiones
El informe del Gobierno de Nicaragua ante el Examen Periódico Universal (EPU) de 2024 presenta una narrativa completamente distorsionada que busca proyectar una imagen de estabilidad, progreso económico y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, las cifras y hechos documentados por medios de comunicación independientes y organismos internacionales revelan la realidad de un régimen autoritario que ha sumido al país en una crisis profunda y continúa violando sistemáticamente los derechos fundamentales de su población.
Cifras claves de 2024:
- Economía en crisis:
- Pobreza extrema: Según un informe del Banco Mundial, más del 30% de la población vive en condiciones de pobreza extrema, con un aumento sostenido desde 2018. La inflación en productos básicos supera el 7%, mientras que los salarios se mantienen estancados.
- Migración masiva: Más de 1 millón de nicaragüenses ha huido del país desde 2018. Solo en 2024, se estima que más de 150,000 personas migraron hacia Costa Rica y Estados Unidos, escapando de la represión y la falta de oportunidades económicas.
- Desplome de la inversión extranjera: La inversión extranjera directa ha caído en un 50% entre 2019 y 2024, afectando sectores clave como el turismo, manufactura y energía, según datos del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).
- Violencia de género:
- Feminicidios: En 2024, se registraron 71 feminicidios, un aumento constante desde 2018, según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir. La violencia contra las mujeres sigue en aumento mientras el gobierno cierra organizaciones que defendían sus derechos.
- Represión de movimientos feministas: Más de 20 organizaciones feministas han sido cerradas desde 2018, dejando a las mujeres vulnerables y sin recursos para denunciar la violencia.
- Salud pública colapsada:
- COVID-19 y ocultamiento de cifras: Según el Observatorio Ciudadano COVID-19, más de 6,500 muertes relacionadas con el virus fueron reportadas en Nicaragua, una cifra mucho mayor a la admitida oficialmente.
- Desabastecimiento crónico: Más del 40% de los pacientes que acuden a hospitales deben comprar medicamentos y suministros fuera de los centros médicos debido a la falta de insumos básicos.
- Libertad de expresión suprimida:
- Medios independientes cerrados: Desde 2018, más de 25 medios de comunicación independientes han sido cerrados por el gobierno, y más de 70 periodistas han sido forzados al exilio en 2024.
- Persecución por Ley de Ciberdelitos: Más de 150 personas han sido procesadas bajo la Ley de Ciberdelitos desde su promulgación en 2020, por expresar críticas al gobierno en redes sociales.
El informe del Gobierno de Nicaragua ante el EPU de 2024 no es más que una cortina de humo que intenta ocultar la represión, la censura, la persecución política y las graves violaciones de derechos humanos que enfrenta el país. A pesar de las afirmaciones de progreso y estabilidad, la realidad es que Nicaragua se encuentra inmersa en una crisis económica y social, con una ciudadanía sometida a un régimen que utiliza la violencia, el miedo y la represión para mantenerse en el poder.
Solicitamos a la comunidad internacional que no se deje engañar por esta narrativa falsa. Los nicaragüenses necesitan apoyo global en su lucha por la verdad, la justicia y la restauración de la democracia. Las violaciones documentadas no solo son un problema local, sino una amenaza a los derechos humanos universales, y deben ser condenadas con firmeza.