nuestra más enérgica condena a las reformas y adiciones a la Ley N° 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, la Ley N° 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, así como a la reforma y derogación del artículo a la Ley N° 822, Ley de Concertación Tributaria, impulsadas por el Poder Ejecutivo de Nicaragua el 19 de agosto de 2024.
Denunciamos, la alarmante decisión del Estado de Nicaragua de clausurar de manera arbitraria 1.500 organizaciones no gubernamentales (ONG), la mayoría de ellas de carácter religioso, en lo que constituye el mayor cierre masivo de asociaciones en un solo día desde el inicio de la represión en 2018.
Este acto represivo se enmarca en una preocupante serie de ataques sistemáticos y generalizados contra la sociedad civil, que ya ha resultado en la anulación de más de 5.200 organizaciones desde las protestas de abril de 2018.
El cierre de estas oenegés, muchas de las cuales desempeñaban labores esenciales en áreas críticas como la educación, la salud, la defensa de los derechos humanos, la promoción de la diversidad sexual y el apoyo a comunidades marginadas no solo constituye una grave violación de la libertad de asociación, religión y de expresión, sino que también representa un retroceso alarmante en la protección y promoción de los derechos fundamentales en Nicaragua.
Es profundamente preocupante y condenable que el Estado de Nicaragua continúe utilizando su control sobre las instituciones estatales para silenciar a quienes percibe como opositores, en una flagrante violación de los principios básicos del Estado de derecho.
Esta represión no se limita únicamente a las organizaciones de la sociedad civil, sino que se extiende a líderes religiosos, periodistas y cualquier voz disidente que se atreva a cuestionar al régimen.
Este cierre del espacio cívico es una señal clara de la intensificación de la represión en el país. Rechazamos firmemente el uso de justificaciones legales infundadas, como la acusación de incumplimiento en la presentación de estados financieros, que evidentemente sirven como herramientas para eliminar a quienes no se alinean con los intereses del actual Estado.
Estas medidas no son más que un intento desesperado por consolidar el poder y desmantelar cualquier espacio de crítica, resistencia y organización.