En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Nicaragua, organizaciones que integran la Red Prodepaz presenta este sábado 20 de julio los resultados de sus informes que contienen graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y contra los nicaragüenses que viven en Costa Rica entre 2019 y 2024.
Aunque este informe es enunciativo, lo que quiere decir que su contenido no es limitativo, destacan casos de violaciones al derecho a la educación, libertad académica, desapariciones forzadas, tortura, persecución política así como también violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Además, se denuncia la falta de garantías de un proceso legal y justo. El EPU es un mecanismo de Naciones Unidas para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los derechos humanos por parte de los Estados (países) que se celebra cada 5 años, correspondiendo a este tercer ciclo del EPU el periodo 2019-2024.
Además, otras organizaciones aliadas a la Red también presentaron informes de contribución donde se amplían otras denuncias de las violaciones no documentadas como Fundación para la libertad, Fundación para el Desarrollo y la Innovación Social (FDSI), Red Internacional de Derechos Humanos de Europa (RIDHE), Aula Abierta, La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados en Costa Rica, Activismo Ciudadano en Resistencia y la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ).
Situación de los Presos Políticos en Nicaragua
Entre 2019 y 2024 los nicaragüenses han sido testigos de un aumento alarmante en la persecución y violación de los derechos humanos de los presos políticos en Nicaragua. El gobierno, a través de sus diferentes poderes, ha implementado una política sistemática de represión que incluye detenciones arbitrarias, destierro, fabricación de cargos y negación de derechos básicos.
Privación arbitraria de nacionalidad y destierro
En febrero de 2023, el Estado nicaragüense revocó arbitrariamente la nacionalidad de al menos 317 presos políticos, incluyendo defensores de derechos humanos, estudiantes, académicos y opositores políticos. Esta acción fue seguida por el destierro de estas personas, quienes fueron enviadas a Estados Unidos.
Detenciones Arbitrarias Continuas
A pesar del destierro masivo, el gobierno continuó con las detenciones arbitrarias. En agosto de 2023, tres universitarias fueron detenidas por criticar al gobierno en redes sociales y posteriormente condenadas por cargos falsos de tráfico de drogas. En noviembre del mismo año, el profesor Freddy Quezada fue detenido y condenado por incitación al odio; debido a su postura crítica hacia las políticas gubernamentales.
Poderes del Estado, armas de represión
Los tres poderes del Estado han desempeñado un papel clave en la represión sistemática. La Asamblea Nacional, dominada por el partido gobernante, ha aprobado leyes represivas que criminalizan la disidencia política y limitan la libertad de expresión. Además, ha nombrado a funcionarios leales al gobierno en puestos clave del poder judicial.
El Poder Judicial ha sido instrumentalizado para perseguir a opositores políticos, fabricando cargos y llevando a cabo juicios sin garantías de debido proceso.
Por su parte la Policía Nacional se ha encargado de llevar a cabo detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y torturas a presos políticos, sirviéndose de un corrupto Sistema Penitenciario que ha mantenido a los detenidos en condiciones inhumanas, incluyendo aislamiento y negación de atención médica.
Violaciones sistemáticas a los derechos humanos
Las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos en Nicaragua son sistemáticas y generalizadas.
Estas incluyen: detenciones arbitrarias sin orden judicial, encarcelamiento en aislamiento, torturas y malos tratos, fabricación de pruebas y cargos falsos, juicios sin garantías de debido proceso, negación de atención médica y acceso a familiares.
La situación de los presos políticos en Nicaragua es alarmante y requiere atención urgente por parte de la comunidad internacional. El gobierno debe poner fin a la represión, liberar a todos los presos políticos y garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos.