Desde la rebelión de abril de 2018 hasta el 12 de febrero de 2024, el cierre de más de 3.500 organizaciones de la sociedad civil es una clara violación a la libertad de asociación en Nicaragua.
La Ley No. 1115: Ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro de marzo de 2022, ha dado “luz verde” a que el gobierno continúe con la cancelación de universidades, partidos políticos y organizaciones religiosas, violentando derechos humanos como el de la educación, de asociación, libertad de pensamiento, de conciencia y religión.
Según La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG una de las razones que llevó al Estado nicaraguense a cancelar la personería jurídica de más de 3.500 organizaciones atiende a una práctica de represalias como discriminación político-social, porque estas han criticado la política estatal violatoria a los derechos humanos, la democracia, entre otros.
Los ataques contra la libertad de asociación no cesan en la Nicaragua de hoy. El 31 de marzo de 2022 se aprobó la Ley No. 1115: Ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro. Dicha ley es considerada una demolición a la libertad de asociación, la cual otorga mayores facultades al Ministerio del Interior, como forma de acelerar los procesos de ilegalización de organizaciones de la sociedad civil. Esta ley legaliza la confiscación de bienes a favor del Estado de las personas jurídicas canceladas.
Ataques contra la iglesia y la libertad religiosa
Tanto la Iglesia católica como la Iglesia cristiana también han sido blancos de ataques por parte del Estado nicaragüense. El informe publicado por Libertad Religiosa en Nicaragua, presentado por Martha Patricia Molina expone que entre 2018 y 2023 la Iglesia Católica ha recibido 667 ataques y la Iglesia Cristiana evangélica de Nicaragua ha recibido 70 ataques en el mismo periodo.
Sin embargo, la mayor parte de los ataques han sido dirigidos contra la Iglesia católica a través de prácticas como profanaciones, robos, daños a la infraestructura, alteraciones a los recibos de servicios básicos, cortes de servicios básicos, inmovilización de cuentas bancarias, confiscaciones; amenazas de muerte, difamaciones públicas, agresiones verbales y físicas, asedios, persecuciones exilios, expulsiones y pérdida inconstitucional de la nacionalidad de religiosos, secuestros, prohibiciones de actividades religiosas como procesiones, actos de piedad popular, misas, encarcelamientos y procesos judiciales ante el Sistema de Justicia de Nicaragua[1].
Según el medio digital Confidencial, 15 propiedades de la Iglesia católica han sido confiscadas entre 2022 y 2023[2], 32 sacerdotes, 2 obispos, 1 diácono y 4 seminaristas, han sido desterrados de Nicaragua entre febrero de 2023 y enero de 2024[3].
Asimismo, según el Monitoreo Azul y Blanco hasta el día 19 de marzo del 2024, entre los presos políticos en Nicaragua se encuentran al menos 13 personas presas políticas por participar en actividades propias de la feligresía de la iglesia católica[4].
[1] Cuarta entrega del estudio Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?https://iglesiaperseguidani.com/
véase también
[2] 15 propiedades de la Iglesia católica confiscadas en los últimos dos años https://confidencial.digital/nacion/propiedades-de-la-iglesia-catolica-confiscadas-en-nicaragua/
[3] 34 sacerdotes desterrados https://confidencial.digital/nacion/lista-de-sacerdotes-de-nicaragua-desterrados-por-el-regimen-orteguista/
[4] 13 personas presas políticas relacionadas a la iglesia católica https://twitter.com/MPresasPresosNi/status/1768716320399389132?t=dG_FU2qIZOHfnb6_O1z7Nw&s=08